Finca Karina: el contrabando que expone un Estado ausente en la frontera
El caso Finca Karina dejó al descubierto mucho más que once imputados por contrabando agravado. La investigación federal expuso una estructura delictiva consolidada durante años en Aguas Blancas, sostenida por una alarmante falta de control del Estado nacional, provincial y municipal en plena zona de seguridad de frontera.
Una aduana paralela
El predio funcionó como una verdadera aduana ilegal, con gomones cruzando mercadería desde Bolivia, playas de desembarco, caminos internos y conexión directa con la Ruta Nacional 50. Por allí pasaron productos de consumo masivo, materiales de construcción, chatarra, rieles ferroviarios saqueados, vehículos robados e incluso, según la acusación fiscal, estupefacientes.
La investigación comenzó formalmente el 26 de mayo, aunque las tareas de inteligencia venían desde semanas antes. La Fiscalía acreditó la existencia de una asociación ilícita, con roles definidos, jerarquías, logística y una operatoria sostenida en el tiempo.
Irregularidades graves
Uno de los puntos más sensibles es el aspecto registral. Uno de los terrenos figura a nombre de una técnica farmacéutica del Hospital de Orán, adquirido sin autorización especial pese a tratarse de una zona fronteriza. Durante las audiencias, el juez Santiago French calificó de “insólito” que un predio en esa ubicación tenga titularidad privada sin controles reforzados.
Fuentes judiciales coinciden en que el problema excede lo penal: la naturalización del contrabando y la ausencia prolongada del Estado crearon las condiciones para que el negocio creciera sin obstáculos.