Emergencia en discapacidad: el Gobierno reglamentó la ley y se abre una etapa clave en la aplicación de derechos
Luego de meses de demora, tensiones políticas y una orden judicial de por medio, el Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El decreto define cómo se aplicará la norma, fija reglas sobre pensiones y controles, y marca un punto de inflexión en una política de alto impacto social.
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad había sido sancionada por el Congreso en julio del año pasado, pero su implementación quedó frenada cuando el Ejecutivo condicionó su vigencia a la disponibilidad presupuestaria. Esa decisión derivó en una acción judicial que terminó obligando al Estado a avanzar con la reglamentación.
La norma fue finalmente puesta en marcha a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se establece la aplicación de la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
En diciembre, el Juzgado Federal de Campana declaró inválido el artículo que suspendía la ley y ordenó su inmediata ejecución. El fallo sostuvo que supeditar políticas de discapacidad al presupuesto vulnera obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, y advirtió sobre el riesgo de interrupción de tratamientos esenciales.
La reglamentación define ahora un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, con criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades y mecanismos de auditoría. Además, dispone la conversión automática de las pensiones vigentes al nuevo esquema y refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
También se fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas y se ratifican los espacios de coordinación federal. Para provincias como Salta, la implementación efectiva de estos acuerdos será determinante para garantizar prestaciones y controles en el territorio.