En extraordinarias, el Senado tratará el narcotest y los pliegos para la Corte
La Cámara alta provincial fue convocada para el 26 de febrero con un temario acotado, pero de alto voltaje político: controles toxicológicos obligatorios para funcionarios y la designación de nuevos jueces del máximo tribunal.
El Senado de Salta volverá a reunirse en sesión extraordinaria con una agenda breve en cantidad de temas, pero significativa en su alcance institucional. La convocatoria fue confirmada por el vicegobernador Antonio Marocco y fija la sesión para el jueves 26 de febrero.
En el centro del debate estará el decreto de necesidad y urgencia que establece el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes del Estado. La medida, impulsada por el Ejecutivo provincial, apunta a reforzar estándares de transparencia y responsabilidad pública en un contexto donde la demanda social por mayores controles es cada vez más visible.
Pero el punto que concentra mayor expectativa política es el tratamiento de los pliegos de Martín Plaza y Martín Diez Villa para integrar la Corte de Justicia de Salta. Se trata de decisiones estructurales: la composición del máximo tribunal no es un trámite administrativo, sino una definición que impacta en la arquitectura institucional de la provincia.
Desde la Presidencia del Senado señalaron que el proceso cumplió las instancias formales previstas, aunque trascendió que sí se presentaron observaciones dentro del mecanismo participativo. El debate, por lo tanto, no será meramente técnico. Será político.
Objeciones a los pliegos: cuestionamientos sobre idoneidad e independencia
Referentes opositores advirtieron sobre el perfil institucional de los candidatos propuestos para la Corte y plantearon dudas sobre su independencia.
Las postulaciones de Plaza y Diez Villa no transitan un camino completamente despejado. Durante el proceso participativo se presentaron observaciones impulsadas por el diputado José Gauffin y otros dirigentes políticos.
En el caso de Plaza, los cuestionamientos se centran en su cercanía política con el gobernador Gustavo Sáenz y en la falta de trayectoria consolidada en la magistratura. Los planteos subrayan que la Corte requiere no solo solvencia técnica, sino también un recorrido profesional que garantice autonomía respecto del poder político.
Sobre Diez Villa, las observaciones apuntan a la conveniencia institucional de su designación y a la necesidad de asegurar un perfil que refuerce la imparcialidad del máximo tribunal.
Más allá de los nombres propios, el trasfondo es claro: la discusión gira en torno al equilibrio de poderes y al estándar de independencia judicial que debe regir en la provincia. No es un debate menor ni accesorio.