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Escándalo en Cafayate: la fiscal apunta a fallas del Estado y no descarta responsabilidades internas por el permiso falso

Escándalo en Cafayate: la fiscal apunta a fallas del Estado y no descarta responsabilidades internas por el permiso falso

La investigación por la polémica boda realizada en la Quebrada de las Conchas sumó nuevos elementos y dejó al descubierto fallas en los controles estatales. La fiscal Sandra Rojas advirtió que el evento se concretó pese a que ya existían alertas sobre la posible falsificación del permiso.

El caso, que se inició por la sospecha de un documento apócrifo, ahora también pone en foco posibles responsabilidades dentro de organismos públicos. La celebración se realizó el 23 de marzo en una zona protegida de alto valor ambiental, con un importante despliegue y más de un centenar de invitados.

Según reconstruyó la fiscalía, el evento no ocurrió sin controles, sino en medio de un sistema que no logró validar la documentación a tiempo. La Policía se presentó en el lugar, solicitó los permisos y recibió un archivo digital que aparentemente habilitaba la actividad.

Sin embargo, ante la falta de un mecanismo de verificación inmediata con la Secretaría de Ambiente, los efectivos debieron retirarse para realizar consultas, lo que permitió que la celebración continuara.

Uno de los puntos clave es el desfase en la denuncia. El secretario de Ambiente había advertido la posible falsificación el mismo día del evento, pero la presentación recién fue visualizada por la fiscalía días después, tras el feriado.

Para la fiscal Rojas, esto dejó en evidencia problemas estructurales en la coordinación entre organismos. Señaló la falta de comunicación entre Ambiente, la Policía y los guardaparques, y la ausencia de herramientas para validar permisos en tiempo real.

Además, el documento presenta irregularidades formales y carece de la estructura propia de un acto administrativo, lo que refuerza la hipótesis de falsificación.

Mientras avanza la causa, el episodio no solo investiga un posible delito, sino que también reabre el debate sobre los controles en áreas protegidas y la capacidad del Estado para prevenir este tipo de situaciones.