Fake news en Salta: condenan a dos ex empleados de Emiliano Estrada por una campaña sucia con fondos públicos
Un nuevo escándalo político sacude la escena salteña: dos ex empleados del diputado nacional Emiliano Estrada fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión condicional por montar una red de desinformación y ataques en redes sociales contra periodistas, funcionarios y dirigentes. La sentencia fue dictada en Salta y abre un capítulo incómodo para el legislador, ya que la maniobra se habría financiado con fondos del Congreso.
Los condenados, Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand, admitieron su responsabilidad en el juicio abreviado. En sus declaraciones, confirmaron que los contenidos falsos —videos editados, imágenes manipuladas y posteos agresivos— eran elaborados y publicados por encargo, siguiendo instrucciones de un esquema que tenía como epicentro la oficina de Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación.
El material fue recopilado durante una investigación judicial que incluyó pericias digitales, audios, correos electrónicos y capturas de pantalla. Además, se detectaron pagos de horas laborales y recursos tecnológicos que habrían sido utilizados para sostener la operación desde computadoras oficiales.
El silencio de Estrada y el salto al fuero federal
Si bien el nombre de Emiliano Estrada aparece mencionado en los expedientes y en las confesiones de los imputados, el diputado evitó declarar alegando sus fueros parlamentarios. La causa fue derivada ahora al fuero federal, donde se investiga la posible malversación de fondos públicos y abuso de poder.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que hay más nombres involucrados y que podrían ampliarse las responsabilidades si se comprueba que la campaña formó parte de una estrategia política planificada desde su entorno.
El precedente que incomoda a toda la política
Este caso podría marcar un antes y un después en la forma en que se utiliza el aparato estatal para atacar rivales o manipular la opinión pública. Si bien las campañas sucias no son nuevas, el uso de recursos públicos para difundir fake news desde una oficina legislativa pone en jaque los límites entre lo político y lo delictivo.
Desde sectores de la prensa y la oposición ya piden una sanción ejemplar. "No se puede permitir que se utilice el dinero de todos para ensuciar a periodistas y adversarios. Esto no es política, es delito", afirmó un dirigente salteño que prefirió no ser nombrado.
Mientras tanto, Estrada guarda silencio, pero la causa sigue avanzando. Y el juicio que parecía cerrado se transformó en una bomba de tiempo que podría estallar en el corazón del Congreso.