Escándalo en la Justicia Federal de Salta: un fiscal acusado de favorecer narcos podría evitar la cárcel con un juicio abreviado
Un nuevo episodio genera tensión en la Justicia Federal de Salta tras conocerse que el fiscal suspendido José Luis Bruno habría acordado un juicio abreviado que le permitiría recibir una pena leve, evitar la cárcel y retirarse de la función pública.
Bruno está procesado desde agosto de 2024 por cohecho pasivo agravado y prevaricato en múltiples hechos vinculados a presuntos favores a narcotraficantes a cambio de sobornos. La posibilidad de un acuerdo judicial generó fuerte malestar en el ámbito judicial.
Aunque oficialmente no se difundieron detalles, trascendió que el acuerdo ya habría sido firmado con los fiscales acusadores. Aún resta que un Tribunal Oral Federal lo homologue para que tenga validez.
El caso tiene antecedentes de alto impacto. Según la investigación, Bruno habría actuado en conjunto con el exjuez federal Raúl Reynoso, quien ya fue condenado a cinco años de prisión por hechos similares sin recurrir a acuerdos abreviados.
La causa se remonta a 2011, cuando una investigación de Gendarmería detectó una organización dedicada al narcotráfico en la zona de frontera. A partir de allí, se desplegaron medidas judiciales que derivaron en múltiples imputaciones por delitos graves.
Con el avance del expediente, los fiscales sostuvieron que se otorgaron beneficios procesales de manera irregular a algunos acusados, lo que habría favorecido su liberación sin garantías suficientes.
En ese contexto, se determinó que tanto Bruno como Reynoso habrían actuado de manera coordinada para beneficiar a determinados imputados. La investigación también incluyó a intermediarios que reconocieron haber participado en el pago de sobornos.
Uno de ellos, Barakat Barakat, admitió haber gestionado la entrega de dinero proveniente de un abogado defensor hacia personas vinculadas al entonces juez y al fiscal.
El procesamiento de Bruno fue confirmado por la Cámara Federal de Salta en 2024, lo que consolidó las acusaciones en su contra. Sin embargo, el posible acuerdo abreviado introduce un giro en la causa que genera cuestionamientos dentro del propio sistema judicial.
Mientras se espera la decisión del tribunal que deberá evaluar el acuerdo, el caso vuelve a poner en discusión el funcionamiento de la Justicia en causas sensibles vinculadas al narcotráfico.